Al respecto, al parecer el proyecto de Ley presentado por los nacionalistas al Congreso, será uno de los tantos proyectos que seguirá durmiendo el sueño de los justos, al menos que se produzca alguna reacción, no solo por parte del presidente de la república, sino de los diversos grupos políticos presentes en el Congreso, convencidos de la necesidad de dar esa señal a la ciudadanía, de que verdaderamente hay una intención de frenar y castigar a la corrupción, particularmente de los funcionarios del Estado.
La muerte civil, acabaría con los tremendos cuadros de impunidad efectiva que observamos a la fecha: sentenciados por diversas formas de corrupción que no pagan las indemnizaciones fijadas y que al cumplir con sus sentencias, en muchos casos con suspensión de la detención efectiva, como si nada hubiese pasado, hasta se atreven a postular a cargos públicos.
Lo que llama poderosamente la atención, es que, muchos personajes han salido a la prensa a tratar de desfigurar la llamada “muerte civil”, haciéndola aparecer interesadamente como una persecución a determinados personajes: pero por supuesto que de eso trata: perseguir y castigar como manda la ley a los corruptos que han hecho latrocinio y medio con los fondos públicos y que no deberían nuevamente ubicarse en puestos estatales.
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL AL RESPECTO
Poco o ningún favor a la lucha contra la corrupción efectiva y concreta, más allá de declaraciones gaseosas, es la que ha hecho el Presidente de la Corte Suprema al señalar puntualmente que “la muerte civil no es una cuestión tan sencilla”, acotando a continuación que “actualmente los jueces tienen capacidades para inhabilitar a las personas que cometen un acto de corrupción” …. y que por lo tanto “la propuesta del Presidente (Humala) sería una sanción más drástica que merece un análisis más completo”.
Pues de eso se trata, que las sanciones por casos de corrupción sean más drásticas y que la muerte civil no solo conlleve la incapacidad de realizar contratos, préstamos bancarios y otras acciones civiles, sino que también implique la inhabilitación de ejercer cargos públicos, además de obligarlos al pago de las sumas indemnizatorias al Estado y terceros. De eso se trata, por lo que eso de llevar el proyecto a “análisis más completo”, significa en los hechos postergar el proyecto a las calendas griegas y por lo tanto quedar en lo mismo, con una legislación vigente que no contempla una sanción justa y efectiva a los corruptos del Perú y que esté de acuerdo al daño ocasionado.
Es decir, el sentido común nos plantea la siguiente interrogante: ¿ cuando se dan leyes para castigar delitos que involucran a personas comunes y corrientes, generalmente no se demandan públicamente mayores análisis a los proyectos, pero cuando van a estar involucrados los delincuentes de cuello y corbata, ahí sí habría que ejercer mayor análisis y tener mucho cuidado?
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