Pues bien, el sentenciado Fujimori al fracasar su pedido de indulto, ha recurrido a una nueva estrategia: solicitar a un juez supremo se le conceda “el arresto domiciliario”, aduciendo su estado de salud, para lo cual ha montado toda una operación sicosocial como en sus mejores tiempos: aparecer ante las cámaras de televisión “cuidadosamente descuidado” y con aspecto lamentable, con la intención de generar lástima y compasión, lo que contrastó infelizmente para él con las imágenes vistas posteriormente de la manera violenta y prepotente como intimidaba a empleadas y enfermeras de la clínica donde fue internado luego de una de las últimas audiencias judiciales a propósito de su ilegal pedido.
El caso es que la legislación penal peruana no contempla arresto domiciliario para los sentenciados, como es el caso del ex presidente, por lo cual sería ilegal se le favorezca con esta solicitud. El arresto domiciliario solo lo contempla la ley para los que se encuentran en calidad de procesados. Claro como el agua.
Lo que aducen los fujimoristas de que habría que cubrir un “vacío legal” es solo una argucia que ha sido desechada de plano por los principales juristas del país. Sino simplemente imaginémonos cuantos “vacíos legales” podrían argumentarse para alcanzar beneficios, por supuesto solo para los que gozan aún de algún poder e influencia.
Esperamos que el Juez Supremo que ve el caso resuelva de acuerdo a ley por la salud de la justicia en el Perú y también por las víctimas por lo que fue sentenciado Fujimori, al margen de cualquier otra consideración.

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